La necesidad de la evaluación de las políticas públicas

El análisis del contexto socioeconómico actual obliga a una reflexión necesaria acerca de la toma de conciencia sobre los acelerados cambios, la baja previsibilidad, la diversidad de nuevas situaciones y la complejidad de problemas y necesidades interrelacionados a los que tratan de aportar solución las políticas públicas. En este sentido, el grado de exigencia ciudadana ha aumentado considerablemente, favorecida por la mayor disponibilidad de información facilitada por los medios y las nuevas tecnologías, si bien la opacidad sigue siendo un problema en muchos aspectos. La actitud crítica de la ciudadanía exige a los poderes públicos mayor responsabilidad y competencia para resolver sus problemas (Pérez-Durántez Bayona 2008).

Los gobiernos no pueden basar su legitimidad únicamente en su elección mediante sufragio, sino que deben demostrar competencia para afrontar y resolver las cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Es decir, la legitimación tanto política como social de la acción pública radica en gran medida en su propia eficacia y eficiencia, por lo que como afirma Ruiz Martínez (2012) el proceso de aprendizaje que se genera a partir del conocimiento fruto de la evaluación de las intervenciones públicas es un factor crítico para la gestión pública. Es patente, según la misma autora, la relevancia que actualmente ha alcanzado la evaluación, al menos desde el punto de vista teórico y la preocupación por cómo deben abordase los procesos de evaluación. Varias son las circunstancias que han contribuido a agudizar la percepción de la necesidad de confrontar la acción pública con su puesta en práctica y con sus resultados:

  • La situación de crisis fiscal y financiera añadidas a la recesión económica de los últimos años y la exigencia de cubrir necesidades sociales crecientes con recursos públicos aún más escasos requiere una mayor eficiencia de la acción pública y ello, conduce a la necesidad de evaluar de manera sistemática los resultados que ésta produce para promover el uso racional de los recursos. Teniendo en cuenta que la evaluación no puede sustituir a la decisión política, por el contrario sí puede aportar evidencias y análisis que aumenten la eficacia de la acción pública. Se trata de reforzar la consistencia en la toma de decisiones, favoreciendo una mejor asignación de recursos y un mejor servicio y con ello, una mayor productividad y competitividad de la economía así como mejoras en el bienestar.
  • La consolidación de un enfoque de reforma administrativa que concibe la evaluación como un proceso permanente que permite la adecuación de la acción pública en sus distintos niveles (políticas, servicios u organizaciones), a circunstancias y necesidades cambiantes.
  • La necesidad de articular políticas orientadas a resolver problemas globales interconectados, complejos, difusos y muchas veces contradictorios (Subirats et al. 2012, citado por Ruiz Martínez 2012). Son cada vez más frecuentes las interrelaciones e interdependencias entre distintos ámbitos sociales y económicos que demandan visiones comprehensivas antes de tratar de solucionar parcelas de un problema. En muchas ocasiones es preciso adoptar una perspectiva política innovadora, transversal e integral (Pérez-Durántez Bayona 2008).
  • Fomentar la rendición de cuentas ante los ciudadanos, la exigencia a los gobiernos de una mayor transparencia y la necesidad de lograr una mayor participación e implicación de los ciudadanos en lo público. Se promueve que los ciudadanos puedan conocer y enjuiciar la actuación pública a partir de la información recopilada y analizada siguiendo métodos aceptados, así como presentada de forma útil para sus intereses. Asimismo, se refuerza la responsabilidad de los decisores y gestores públicos, que deben explicar en qué medida han cumplido con unos objetivos explícitos. Con esta concepción de la evaluación como una forma de aumentar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación, Aguilar y Bustelo (2010) consideran que la evaluación se convierte en instrumento de fomento y profundización de la democracia, lo que conlleva a su vez una creciente institucionalización de la evaluación de políticas públicas en los gobiernos y las administraciones públicas.
  • La descentralización competencial hace necesario establecer cauces de comunicación y mecanismos de coordinación y corresponsabilidad. La tarea de gobernar ya no puede entenderse como una imposición jerárquica entre distintos niveles territoriales o esferas de gobierno. En este sentido es necesaria la cooperación interadministrativa, pero también la adecuada integración del punto de vista de los ciudadanos. Se estaría hablando de la evaluación como elemento favorecedor de la interacción entre los distintos niveles de gobierno y de estos con los ciudadanos y las organizaciones del sector privado, fomentando la gobernanza (Pérez-Durántez Bayona 2008). La idea de la evaluación como elemento fundamental para la refinación y consolidación del enfoque de la gobernanza también es recogida por Aguilar y Bustelo (2010) por tres razones:
    • La sintonía existente entre la función de la evaluación y la transversalidad de la función de coordinación necesaria entre los diferentes actores que interactúan en el marco de la gobernanza (obtención de información, conocimiento de resultados, retroalimentación, etc.)
    • A pesar de la existencia de múltiples actores, los gobiernos continúan siendo los últimos responsables de la acción pública que debe ser adecuada y dar respuesta a las necesidades y demandas sociales.
    • La necesaria transparencia de todo el proceso decisorio gubernamental, que será garantizada por la evaluación.

A partir de estas ideas, la evaluación parece claro que ya no puede concebirse únicamente como una herramienta técnica útil sólo en el nivel gestor de las administraciones públicas, sino que es cada vez más necesaria en el nivel político. Tal y como afirma Finol Romero (2012),

“queda en evidencia hoy más que nunca, el papel preponderante que desempeña la evaluación de políticas públicas como herramienta de gobernabilidad necesaria para modernizar y reformar el Estado a través de su incorporación en el buen funcionamiento de la administración pública”.

En una línea similar el profesor Pinazo Hernándis (2013) enmarca la evaluación de políticas públicas en una Teoría de la Gobernabilidad sustentada en tres pilares: la responsabilidad política y la de su exigencia por los actores desde criterios de lealtad institucional; la implantación en determinados niveles de la metodología de las políticas públicas; y una gestión pública aplicada desde la innovación y contingencia de los contextos de actuación. El profesor Pinazo va incluso más allá concretando su propuesta, muy en la línea del presente trabajo, en

“la creación de una Agencia de análisis y evaluación de las políticas y programas autonómicos , que siga parámetros de meta evaluación y no de evaluación interesada. Se trataría pues de elegir aquellas políticas más relevantes o que más inputs consumen y evaluarlas conforme a la metodología científica del análisis de políticas, en evaluaciones que combinen fundamentalmente el impacto, la eficacia, el rendimiento y la equidad”.

Ahondando en la propuesta anterior pero en clave estatal el profesor Ramió Matas (2013), aboga por una renovación institucional y la modernización de las administraciones públicas a partir de cinco temas críticos: renovar los procesos de selección de los empleados públicos para preservar los principios de igualdad, capacidad y mérito; la formulación de un estatuto de la dirección pública profesional; la consecución de la máxima transparencia; un reenfoque de las tecnologías de la información; y mejorar los sistemas de gobernanza de los partenariados público- privados. En el punto de la transparencia, Ramió propone entre otras medidas:

  • Sistemas absolutos de rendición de cuentas a nivel económico: hay que informar a los ciudadanos sobre el gasto de hasta el último euro.
  • Evaluación de todas las políticas públicas mediante una Ley que obligue que cada proyecto e iniciativa pública tenga un presupuesto razonable para su evaluación.
  • Crear organismos parlamentarios que controlen el resultado y el impacto de las políticas públicas.
  • Que el entorno del presidente tenga una oficina para evaluar previamente todas las políticas públicas de su administración.

Visto lo visto, parece evidente la importancia que se le debe dar a la evaluación para, entre otras cosas, la comprensión y transformación de las políticas; mejorar los procesos de toma de decisiones también en el nivel estratégico; profundizar en la legitimación social de la acción pública, conocer sus impactos y las posibles alternativas y mejoras y dotar de mayor transparencia a los gobiernos (Ruiz Martínez 2012).

Bibliografía

AGUILAR, L.F. y BUSTELO, M., 2010. Gobernanza Y Evaluación: Una Relación Potencialmente Fructífera. Gestión Y Análisis De Políticas Públicas, nº. 4, pp. 23-51. [consultado el 19/04/2016]. Disponible en: http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path[]=437
FINOL ROMERO, L., 2012. Institucionalización De La Cultura De Evaluación De Políticas Públicas En América Latina, a Partir De La Propuesta De Un Protocolo De Evaluación Para El Observatorio De Políticas Públicas De La FCJP De LUZ. Palos de la Frontera: Universidad Internacional de Andalucía [consultado el 19/04/2016]. Disponible en: http://dspace.unia.es/handle/10334/2418 ISBN 978-84-7993-851-2.
PINAZO HERNANDIS, F.J., 2013. Administración Pública Y Gobernabilidad: De Los Orígenes a Los Nuevos Paradigmas. 2ª ed. Valencia: Low cost books ISBN 978-84-9415-813-1.[consultado el 19/04/2016]. Disponible en:  http://www.gigapp.org/index.php/component/jresearch/publication/show/944
PÉREZ-DURÁNTEZ BAYONA, I., 2008. La Agencia De Evaluación Y Calidad Y La Necesidad De Evaluar Las Intervenciones Públicas. Presupuesto Y Gasto Público, vol. 51 [consultado el 19/04/2016], pp. 255-269. Disponible en: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/51_PerezDurantez.pdf
RAMIÓ MATAS, C., 2013. Balance Del Impacto De Las Crisis Económica, Política, Social E Institucional Sobre Las Administraciones Públicas En España 2011-2013: Diagnóstico Y Propuestas. Estudios/Working Papers GIGAPP, vol. 2013, nº. 28 [consultado el 19/04/2016]. Disponible en: http://www.gigapp.org/index.php/component/jresearch/publication/show/937  ISSN 2174-9515.
RUIZ MARTÍNEZ, A., 2012. Panorámica Actual De La Evaluación De Las Políticas Públicas. Presupuesto Y Gasto Público, vol. 68 [consultado el 23/04/2014], pp. 13-23. Disponible en: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/68_01.pdf
SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE, C. y VARONNE, F., 2012. Análisis Y Gestión De Políticas Públicas. Barcelona: Ariel ISBN 9788434400108.
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